La muerte de Mari Carmen

Me produce un profundo asco que se utilice la muerte de una persona para defender una causa política. Pero me produce exactamente el mismo asco que se utilice su vida para justificar la contraria. Pues bien, en este caso se están utilizando ambos argumentos desde todos los bandos.

No sé cuáles eran realmente las ideas de Mari Carmen. Sé que habló, que concedió entrevistas y que expresó públicamente determinadas opiniones. Pero entre lo que una persona piensa, lo que dice y lo que finalmente trasciende de sus palabras existe una distancia que no siempre estamos dispuestos a reconocer. No tengo razones para dudar de su sinceridad, pero tampoco para aceptar que las declaraciones que han llegado hasta nosotros constituyan un retrato fiel de su pensamiento, ni mucho menos para presumir que todas sus convicciones estuvieran igualmente fundadas.

En realidad, tampoco me interesa demasiado averiguarlo. ¿Desde cuándo es necesario compartir las ideas de alguien para respetar su muerte? Lo verdaderamente obsceno es que Mari Carmen, incluso después de fallecida, parezca condenada a seguir representando un papel que otros han escrito para ella. Unos necesitan convertirla en mártir; otros, en objeto de escarnio. A ninguno parece bastarle con que haya sido una persona.

Tampoco comparto esa pretensión de elevarla a la categoría de símbolo de los damnificados por el problema de la vivienda. A mi juicio, su situación presenta particularidades que hacen profundamente discutible semejante identificación. Durante buena parte de su vida disfrutó de unas condiciones arrendaticias que hoy resultarían inalcanzables para muchísimos españoles. Fue, en ese sentido, una privilegiada. Solo al final tuvo que enfrentarse a las consecuencias de un desahucio que, sin dejar de ser doloroso en términos humanos, respondía también a los derechos de otra persona.

Conviene recordar que la renta antigua, tan frecuentemente presentada desde una sola perspectiva, ha supuesto para numerosos propietarios una verdadera ruina. Hay patrimonios que, lejos de proporcionar seguridad, terminaron convirtiéndose en una carga; propiedades que fueron, paradójicamente, los peores enemigos de sus dueños.

Y convendría desterrar de una vez esa caricatura según la cual todo propietario es un especulador, un fondo buitre o un gran tenedor de viviendas. No todos los propietarios son fondos de inversión, ni todos son Iceta, Wyoming o Ana Rosa Quintana, con importantes patrimonios inmobiliarios. También los hay que han dedicado buena parte de su vida a pagar una vivienda, que la han recibido en herencia o que han depositado en ella los ahorros de varias generaciones. Personas para las que una propiedad no representa una fortuna, sino un esfuerzo, una seguridad o, sencillamente, el fruto del trabajo de toda una vida.

Del mismo modo que no todo inquilino es un aprovechado, tampoco todo propietario es un explotador. Pero hemos llegado a tal grado de simplificación que parece imposible reconocer el sufrimiento de unos sin negar los derechos de los otros. Como si la justicia exigiera escoger previamente a quién debemos considerar víctima y a quién culpable.

No todo sufrimiento constituye una injusticia, como tampoco toda resolución judicial dolorosa es necesariamente ilegítima. El Derecho no puede reducirse a una competición de desgracias.

Me pregunto, además, si alguien habría prestado semejante atención a Mari Carmen de haber tenido treinta años. Sospecho que no. Su edad, su imagen y las circunstancias de su historia ofrecían un personaje particularmente adecuado para suscitar emociones. Y una vez que la emoción sustituye al razonamiento, la persona deja de importar tanto como la utilidad que pueda extraerse de ella.

De ahí que me repugne tanto quien pretende atribuir su muerte a toda una parte de la sociedad como quien encuentra motivos para burlarse de ella por las ideas que se le atribuyen. Son manifestaciones distintas de una misma miseria: la incapacidad de reconocer humanidad en quien ha sido situado al otro lado de una frontera ideológica.

Pero el asunto de Mari Carmen no es, en el fondo, más que un síntoma de una enfermedad bastante más antigua.

Sería una ingenuidad pensar que España ha descubierto ahora la manipulación, el sectarismo o la instrumentalización de las desgracias ajenas. Nada de esto es nuevo. Ni siquiera lo es esa inclinación tan humana a buscar en los hechos la confirmación de nuestras convicciones, en lugar de permitir que los hechos las pongan en duda. La historia está llena de sociedades convencidas de pensar libremente mientras repetían, con admirable disciplina, las certezas de su tiempo.

José Luis Sampedro reflexionó sobre las limitaciones de la libertad de pensamiento, y creo que ahí reside una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. La libertad intelectual absoluta es probablemente inalcanzable. Nadie piensa desde el vacío. Nos condicionan la educación recibida, el entorno familiar, la posición social, las experiencias, el lenguaje y hasta las preguntas que hemos aprendido a formularnos. Nuestro pensamiento es siempre, en alguna medida, heredado.

La verdadera libertad no consiste, por tanto, en sustraerse por completo a esas influencias, algo seguramente imposible, sino en adquirir conciencia de ellas y tratar de someterlas a examen. Ser libre intelectualmente exige un esfuerzo permanente de desconfianza hacia las propias certezas.

Y, sin embargo, tengo la impresión de que nunca habíamos padecido una sequía tan profunda de ese esfuerzo.

Resulta paradójico. Jamás habíamos tenido a nuestro alcance semejante cantidad de información y, pese a ello, parece que cada vez disponemos de menos espacio para transformarla en conocimiento. La información se sucede con tal velocidad que apenas permite detenerse, comprender, contrastar o dudar. Una noticia desplaza a la anterior antes de que hayamos podido asimilarla. Una opinión reclama nuestra adhesión antes de que hayamos examinado sus fundamentos.

Hemos confundido estar informados con saber, tener una opinión con poseer un criterio y disponer de libertad para expresarnos con haber conquistado la libertad de pensar.

Pero no puede haber verdadera discrepancia intelectual donde no existe previamente un pensamiento elaborado. Lo que allí encontramos no es un enfrentamiento de ideas, sino una colisión de consignas. Y las consignas, a diferencia de las ideas, no necesitan demostrarse: basta con repetirlas.

Lo más inquietante es que quienes las reproducen suelen estar sinceramente convencidos de haber llegado a ellas por sus propios medios. Esa es quizá la forma más eficaz de dominación intelectual: aquella que consigue que el individuo experimente como propia una conclusión que jamás se ha detenido a examinar.

A veces fantaseo con la posibilidad de una auténtica tabula rasa. No para borrar la historia ni para imponer un pensamiento nuevo, sino para recuperar algo tan elemental como la distinción entre los hechos y las interpretaciones. Me gustaría que, al menos durante un tiempo, los periodistas se convirtieran en meros narradores de acontecimientos. Papagayos, si se quiere, pero papagayos escrupulosos, incapaces de añadir a la noticia la conclusión que consideran conveniente que extraigamos de ella.

Naturalmente, sé que la objetividad absoluta tampoco existe. La selección de un hecho, su ubicación o incluso las palabras escogidas para narrarlo contienen ya una perspectiva. Y sería absurdo negar el valor del periodismo de investigación, del análisis o de la opinión. Pero precisamente por eso considero indispensable recuperar una frontera que parece haberse desdibujado: la que separa el deber de informar de la pretensión de dirigir el pensamiento ajeno.

No necesitamos que nos expliquen a cada instante lo que debemos sentir. Necesitamos elementos para comprender y la posibilidad de equivocarnos por nuestra propia cuenta.

Todo esto me lleva inevitablemente a la política, aunque cada vez estoy más convencido de que atribuirle la totalidad de nuestros males constituye una forma bastante cómoda de eludir responsabilidades.

Mi opinión sobre Pedro Sánchez es profundamente negativa. Considero especialmente grave lo que, a mi juicio, ha supuesto su forma de ejercer el poder para la separación de poderes y el respeto a los contrapesos institucionales. No creo que haya inventado la tentación de someter las instituciones a los intereses políticos. Esa tentación es tan antigua como el propio poder. Lo que encuentro particularmente alarmante es la naturalidad con la que percibo que se ha ido abandonando incluso la preocupación por guardar las apariencias.

Para quienes hemos estudiado Derecho y comprendemos que la división de poderes no es un refinamiento académico, sino una garantía elemental frente al abuso, estas cuestiones revisten una gravedad extraordinaria.

Pero sería un error interpretar mi rechazo a Sánchez como una adhesión a quienes se presentan como su alternativa más vehemente. Vox me produce un rechazo igualmente profundo. No encuentro en la exaltación identitaria, en las simplificaciones ni en la confrontación permanente una respuesta satisfactoria a los problemas que denuncio.

Y hay una cuestión aparentemente menor que ilustra bien mi desasosiego.

No soporto que alguien pueda sentirse obligado a esconder la bandera de su país por temor a ser identificado con una determinada ideología. Pero tampoco soporto la necesidad de exhibirla como carta de presentación, como si el hecho puramente accidental de haber nacido dentro de unas fronteras confiriese alguna clase de superioridad moral.

No quiero tener que ocultarla, pero tampoco quiero tener que lucirla para demostrar nada. Me parece profundamente triste que un símbolo que debería poder pertenecernos a todos termine convertido en una contraseña de pertenencia a unos pocos.

Quizá ahí se encuentre una de las manifestaciones más absurdas de nuestro tiempo: hemos convertido incluso lo común en patrimonio de una facción.

Y, sin embargo, lo que más me preocupa de nuestros políticos no es únicamente lo que hacen con las instituciones, sino lo que contribuyen a hacer con la sociedad.

La calle es su mejor arma. Una sociedad enfrentada, permanentemente indignada y persuadida de que al otro lado solo existen enemigos constituye un instrumento formidable para conquistar o conservar el poder. El miedo moviliza, el resentimiento cohesiona y el odio ofrece una identidad sencilla a quienes no están dispuestos a soportar la complejidad de la realidad.

Pero conviene no engañarse: los políticos no proceden de una especie distinta. Salen de esa misma calle que después pretenden dirigir. Todos formamos parte de ella. Muchos ejercen una suerte de vocación política sin haber ocupado jamás un cargo público; otros culminan esa vocación, en mayor o menor medida, desde las instituciones. Y todos participamos, por acción u omisión, en la construcción del ambiente que luego denunciamos.

La relación entre la política y la sociedad no es unilateral. El poder alimenta determinadas pasiones colectivas, pero también se nutre de ellas. Los dirigentes encuentran en la calle el combustible que necesitan, y la calle encuentra en sus dirigentes una justificación para sus propios excesos. Es un intercambio continuo de responsabilidades que termina por hacer casi imposible distinguir dónde comienza la manipulación y dónde la voluntad de ser manipulado.

Por eso me parece insuficiente responsabilizar exclusivamente a un gobierno del deterioro de nuestra convivencia. En mi opinión, Sánchez y sus adversarios más exaltados, junto con quienes secundan sus respectivas estrategias, han contribuido a alimentar un ambiente de hostilidad que no puede explicarse únicamente como una consecuencia involuntaria de sus discrepancias. El enfrentamiento ofrece réditos políticos, y demasiados han aprendido a obtenerlos.

No se trata de afirmar que todas las responsabilidades sean idénticas ni de fingir una equidistancia que no siento. Se trata de reconocer que denunciar el sectarismo de unos carece de valor si estamos dispuestos a celebrar el de los otros.

Y lo más desolador es que esta degradación no desaparece con una alternancia de gobierno.

Los políticos pasan. Pierden elecciones, abandonan sus cargos, envejecen y son sustituidos por otros que prometen corregir cuanto hicieron sus predecesores. Pero la sociedad permanece. Permanecen sus hábitos, sus prejuicios, sus resentimientos y esa costumbre cada vez más arraigada de juzgar las palabras no por su contenido, sino por la identidad de quien las pronuncia.

Hemos llegado a un punto en el que casi todo sirve para clasificar a las personas: la bandera, la vivienda, la justicia, la historia, la cultura y hasta la muerte de una anciana. Antes de escuchar un argumento queremos saber quién lo formula, porque su procedencia parece determinar de antemano si merece ser atendido.

En esas condiciones, ¿qué espacio queda para el pensamiento libre? ¿Qué posibilidad real existe de convivencia cuando ni siquiera reconocemos al contrario la capacidad de tener razón en algo?

No creo que el pasado fuera un paraíso de tolerancia. La intolerancia, el fanatismo y la manipulación nos acompañan desde mucho antes de que existieran las redes sociales o los actuales partidos políticos. Sería tan ingenuo idealizar otros tiempos como creer que nuestra época ha inventado todos sus vicios.

Pero sí percibo una diferencia inquietante: nunca habían existido tantos medios para acceder al conocimiento y, al mismo tiempo, tantos mecanismos capaces de mantenernos permanentemente ocupados sin llegar a conocer nada en profundidad.

Tal vez no seamos menos libres que nuestros antepasados. Tal vez simplemente dispongamos de medios mucho más sofisticados para ignorar nuestra falta de libertad.

Y entonces recuerdo aquella expresión terrible de Manuel Azaña: «No fue posible la paz».

No pretendo establecer paralelismos históricos fáciles ni comparar la España actual con aquella que terminó desangrándose. Sería una frivolidad. Pero me estremece la posibilidad de que una sociedad se acostumbre tanto al enfrentamiento que acabe considerando la convivencia una ingenuidad y el respeto al discrepante una forma de debilidad.

La paz civil no exige que pensemos lo mismo. Exige que podamos vivir juntos pensando cosas distintas. Y para ello necesitamos algo anterior incluso a la tolerancia: la capacidad de pensar, de revisar nuestras convicciones y de admitir que la verdad no nos pertenece por el mero hecho de haber elegido un bando.

Quizá la tragedia no sea que hayamos dejado de entendernos, sino que cada vez hacemos menos por comprender. Quizá no estemos asistiendo al triunfo de unas ideas sobre otras, sino al progresivo abandono de la propia tarea de pensar.

Y lo verdaderamente triste es que, mientras seguimos proclamándonos libres, apenas parecemos advertirlo.

Qué triste todo.

QEP 

 

COLORADÍN PERBORATO